Un pan dulce, un budín de vainilla, un pudding, algunas garrapiñadas, un turrón y algo de nucrem, además de almendras, cereal y maní con chocolate, conformaron algo más que una caja navideña: se convirtieron en un símbolo de resistencia política a las medidas que impulsó el presidente Javier Milei. Al menos, dentro de Aysa.
Días antes de su salida de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini compró y repartió 10.000 cajas navideñas entre los 8000 empleados de la empresa y allegados que le costaron $119,9 millones a las arcas públicas, según consta en documentos que obtuvo La Nación. Y las compró a una firma de San Fernando, su zona de influencia.
La firma O.A.G. SA entregó esas 10.000 cajas navideñas el martes 19 de este mes, días después de que el presidente Milei ordenara un fuerte recorte del gasto público al grito de “No hay plata” y mientras pedía el apoyo de los gobernadores para impulsar nuevas medidas de ajuste del gasto público a cambio de restablecer el impuesto a las Ganancias.
Voceros de Galmarini confirmaron la adquisición de los “kits navideños” a un costo de $11.900 por unidad y redoblaron la apuesta. “Sí, la información es correcta. Pero lejos de ser un gasto innecesario o superfluo, consideramos que es oportuno en un momento duro”, indicaron. “Es una manera de paliar el desastre que está generando este nuevo gobierno”.
Desde la Casa Rosada, en tanto, avanzaron con la renovación de las autoridades de Aysa. Galmarini se desempeñó al frente de la compañía hasta este jueves 21, cuando asumió Marcelo Papandrea, quien antes trabajó en dos firmas del Grupo Macro en tiempos de Jorge Brito -Inversora Juramento y Excel Servicios Aéreos-, fue luego CEO de la constructora IECSA y presidió la Cámara Argentina de la Construcción en 2018. Antes, registró un paso fugaz por la gestión pública como asesor del jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo.
Papandrea llega a Aysa en momentos en que Milei reafirmó que aspira a privatizar la firma, antes o después de afrontar el pago de dos cuotas del bono que Galmarini renegoció con los acreedores en 2022, tras reestructurar las obligaciones negociables que el gobierno de Mauricio Macri había emitido por US$500 millones.
Junto a Galmarini invocaron esa renegociación de la deuda de Aysa como otro argumento para justificar el gasto por casi $120 millones en cajas navideñas. “La reestructuración de esas obligaciones negociables conllevó un ahorro de $6000 millones para la empresa, así que contextualicemos las cuentas de ingresos, gastos y ahorros”, indicaron.
En ese sentido, Aysa sólo genera el 19,2% de los ingresos anuales que requiere para operar, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso elaborado con datos de 2021. El faltante se cubre con créditos de organismos multilaterales o con fondos del Tesoro nacional, como los que en octubre de este año giró Massa, como ministro de Economía, por un total de $42.436 millones.
Aysa lanzó la licitación para comprar las 10.000 cajas navideñas en octubre de este año, cuando Sergio Massa, Milei y Javier Milei todavía competían por ganar en primera vuelta o pasar al balotaje, concretó la compra en los primeros días de diciembre, antes de que el libertario asumiera la Presidencia, con fecha de entrega el martes 19, cuando Milei se aprestaba a afrontar la primera protesta social en las calles.
Tras quedarse con el contrato multimillonario, la firma O.A.G. se comprometió a entregar los 10.000 “kits de productos navideños” en la Dirección de Relaciones Institucionales de Aysa, a cargo de Mayra Mariani, una mujer de confianza extrema de los Massa. Durante más de ocho años se desempeñó como directora general de Responsabilidad Social Empresaria en la Municipalidad de Tigre, donde también fue concejala por el Frente Renovador.
Como directora de Relaciones Institucionales, Mariani también decidió el destino de otras partidas presupuestarias millonarias de Aysa como el patrocinio oficial de un torneo de tenis, también en Tigre, de la categoría ATP Challenger que organizó la Asociación Argentina de Tenis, en al menos dos ocasiones, en el Club Náutico Hacoaj.
Con domicilio en la calle 25 de mayo 1580 de San Fernando, la firma O.A.G. SA publicita sus servicios de “logística alimentaria” desde su página oficial de Internet, donde detalla que entre sus clientes figuraron durante los últimos años la Presidencia de la Nación, Aysa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios de Tigre, Pilar –con, por ejemplo, una contratación directa por $153 millones en 2021-, Hurlinghman y Marcos Paz.
Según consta en la documentación que obtuvo La Nación, la firma facturó $3029 por cada uno de los 10.000 panes dulces, por ejemplo, $1619 los 100 gramos de almendras con chocolate o $1225 el pudding de 300 gramos, valores que resultan difíciles de tabular y comparar en un contexto de alta inflación.
La compra de cajas navideñas no fue, sin embargo, el desembolso presupuestario que más ruido generó durante la gestión Galmarini. Fue la adquisición de 613 utilitarios y 7 camiones por US$25,4 millones a una concesionaria Renault, vehículos que todavía no llegaron a los depósitos de Aysa.
La adquisición derivó en la apertura de una investigación penal que quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, aunque Galmarini rechazó las acusaciones. Las encuadró como parte de una ofensiva electoral para perjudicarla a ella –por entonces candidata a intendenta de Tigre- y a su marido. “Estamos en campaña y acusan, sobre todo acusan los que no saben. Aquellos a los que invito a que vengan a conocer y a mostrarles todo”, desafió.
El otro frente que suele deparar controversias en Aysa pasa por las partidas destinadas a la clorificación del agua, con un costo que podría rondar los US$110 millones al año y en el que medra el empresario Mauricio Filiberti, cuyos voceros defienden su proceder dadas las características que califican como “únicas” de su empresa.
En ese contexto, junto a Galmarini buscaron restar importancia al desembolso de $120 millones en la compra de cajas navideñas en pleno proceso de ajuste del gasto público. “Es un gesto que todas las empresas, públicas o privadas, entregan a sus empleados”, desafiaron. “No es un gasto desafortunado. Al contrario”.
