Las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asignaciones familiares recibirán un aumento del 13% a partir de marzo próximo.
Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.
Así lo destacó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y destacó que este aumento que percibirá la totalidad de los beneficiarios del régimen general se compone de una suma fija de $ 1.500, más una suma extra del 2,3%.
Al igual que en jubilaciones y pensiones, el incremento quedará incorporado al haber de los 4,1 millones de beneficiarios de la AUH y a las 3,2 millones de asignaciones familiares.
En el caso de las jubilaciones y pensiones, el 75% del universo previsional recibirá un incremento igual o mayor al 11,56%, que hubiesen percibido con la fórmula anterior, lo que alcanzará a 6,2 millones de jubilaciones y pensiones.
La Anses recordó que con el objetivo político de apuntar a un sistema previsional solidario y redistributivo, el Gobierno ya otorgó, en diciembre y enero, un bono de $ 5.000 en cada uno de esos meses, lo que significó una mejora en los haberes mínimos de un 18,8%.
La decisión adoptada hoy por el gobierno nacional se suma a una serie de iniciativas destinadas a mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, tales como la política de desendeudamiento iniciada con la baja de las tasas de interés de los préstamos de Anses y el período de gracia de tres meses (enero, febrero y marzo) para la devolución de los créditos.
Esta orientación busca revertir el retroceso sufrido por jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y asignaciones familiares, como se verifica en la caída del 18,5% en términos reales sufrida por los haberes mínimos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019.
También en la pérdida del 14% registrado por los haberes mínimos y la AUH desde la puesta en marcha de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria a finales de 2017 y ahora suspendida por la Ley de Solidaridad.
