El fiscal federal Diego Luciani hizo duras acusaciones a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, en los alegatos del juicio Vialidad, por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
Afirmó que “entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, y advirtió que hubo “una defraudación millonaria”.
La titular del Senado, que sigue la audiencia por Zoom, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz en favor de Báez a cambio deretornos a través de los hoteles de la vicepresidenta.
Luciani acusó a Néstor y Cristina Kirchner de haber montado un auténtico y eficaz sistema de corrupción. “Hubo una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país, por las características especiales de la asociación”.
Advirtió que esta asociación ilícita “burló órganos de control para enmascarar los principios de la organización criminal” y que creó un “sistema de corrupción estructural con beneficios obscenos para Lázaro Báez con un perjuicio multimillonario para el Estado”.
El fiscal se refirió a Báez en el juicio por corrupción en la obra pública como “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa” y los responsabilizó de haber provocado un “perjuicio económico y social inconmensurable”
Habló de “una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.
Además, citó la declaración del presidente Alberto Fernández. Al respecto indicó que el mandatario “corroboró la estrecha vinculación, al manifestar que a Báez se lo presentó Néstor Kirchner en circunstancias en que acompañó al exmandatario”, y se escuchó el audio de la declaración del exjefe de Gabinete
Señaló que “las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios” y calificó como “una ficción” la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: “Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”.
Advirtió que “una parte importante de las obras adjudicadas a Báez no fueron autorizadas por el Congreso al momento de sancionar el Presupuesto” y consideró que “la corrupción parasitó todos los controles”.
El fiscal alertó que “había un método eficaz para asfixiar a las empresas” y que “Lázaro Báez se aprovechó y se apoderó en las sombras de diversas firmas”.
Destacó que en los gobiernos Kirchneristas no hubo “mala gestión de la obra pública o contratos mal adjudicados”. “Era una situación endémica, la regla era el abuso de poder, la ilegalidad y la arbitrariedad, fueron 51 las obras adjudicadas a Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner”, .
Diego Luciani remarcó que “los resultados de la inversión vial no solo fueron un despropósito: fueron nefastos, las obras no se culminaron y el Estado erogó millones ciegamente”. Cuestionó que Lázaro Báez “de un día para el otro se convirtió en empresario de construcción, pasó de ser empleado de banco a ser empresario de la construcción y el Estado, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le confió el 78,4% de la obra vial de Santa Cruz”.
El fiscal también criticó la posición de la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió la absolución para Cristina Kirchner: “El trabajo de la UIF fue temerario. No valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron, debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba”.
Mencionó que Báez incumplió la mayoría de las obras que se le adjudicaron y que en solo una mantuvo su precio original: “En 39 casos Lázaro Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años, y consiguió más de 1500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios, todo con un procedimiento ilegal”.
Para Luciani “se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación”. Indicó que “el relato era hacer rutas” y que “la realidad era extraer de manera ilegal fondos del Estado”.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución para Cristina Fernández viuda de Kirchner en el juicio y la Oficina Anticorrupción (OA) decidió no acusarla.
A principios de julio la UIF durante la etapa de alegatos cuestionó las pericias que se realizaron en el caso, al asegurar que no se acreditaron delitos y sostener que no hubo sobreprecios en la adjudicación de las obras en favor de Báez.
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