Los hechos ocurrieron a fines del 2022, cuando un comisario de la Policía de Mendoza recibió un llamado anónimo que le pedía llamar a un número de celular y pedir “un combo de fernet”, agregando que “se llevaría una sorpresa grande e importante”, según consta en la denuncia a la que accedió Sitio Andino.
Para despejar las dudas, el comisario le pidió a una persona allegada que realizara esa maniobra, la cual se concretó el 27 de diciembre en un inmueble de calle Quintana al 500 de Luján de Cuyo.
A ese domicilio llegó un hombre a bordo de una camioneta Toyota Hilux, patente IHI839. El individuo le vendió al cliente un fernet marca “Beney”, al que identificó como el primer fernet cordobés “con hierbas naturales”.
El vendedor, quien hasta ofrecía folletos con ofertas, cobró $4.500 y dicha persona pagó con $5.000, por lo que el comerciante le devolvió $500 a través de una transacción por Mercado Pago.
Tras el encuentro, autoridades de la policía revisaron las cámaras y detectaron que el vendedor era el Oficial Principal Nicolás Zamora, con prestación de servicio en la IGS.
El folleto que ofrecía el policía denunciado.
Pero eso no era todo. El efectivo se movilizaba en una camioneta asignada a la IGS, con el interno 2132 y, además, la transacción se hizo a las 18 horas, momento en el que Zamora debía estar trabajando en el organismo de control.
Con esos videos, fotos y documentos, se radicó la denuncia formal, que quedó plasmada en el expediente P-1356/23, hoy en manos de la fiscalía de delitos económicos. Por el momento la causa está calificada como “peculado de equiparación”, estipulado en el artículo 263 del Código Penal. Claro está que en el avance de la causa podrían surgir otras calificaciones penales.
La denuncia se suma a una seguidilla de denuncias y/o causas penales que sacuden a la IGS, entre ellas algunas acusaciones al titular del organismo, Marcelo Puertas, por una supuesta protección a un subcomisario denunciado en El Carrizal por amenazas.
Además, en los últimos meses circuló entre distintos policías de la provincia una denuncia sobre una especie de “industria del juicio” que existe en la IGS, donde efectivos, abogados y entidades realizan demandas en forma sistemática aprovechando las leyes y el aparato judicial con el objetivo de tener ingresos económicos, algunos de ellos, de importantes montos.
Sitio Andino
