El oficialismo apretará el acelerador esta semana en la Legislatura para avanzar con dos proyectos impulsados por el gobernador Rodolfo Suarez. Uno es el que busca sanear las cuentas de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), y el otro, el que propone activar la exploración minera en Cerro Amarillo.
En la primera semana fuerte de la Casa de las Leyes tras el receso de verano, se pondrán sobre la mesa propuestas de importancia para el Gobierno, es por eso que los legisladores oficialistas buscarán celeridad a la hora de tratarlos.
El martes comenzará el debate en comisiones de la iniciativa que crea un nuevo esquema de aportes para intentar hacerle frente al desequilibrio financiero que atraviesa OSEP. Su director, Carlos Funes, asistirá a la reunión para explicar los detalles de la iniciativa y responder las consultas de los diputados.
Para acelerar los tiempos, se tratará de manera conjunta en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, presidida por Jorge López (UCR); y en la de Salud Pública, conducida por Daniel Llaver (UCR).
El Ejecutivo apunta a resolver la crisis que atraviesa la obra social, con un déficit de alrededor del 5 % en el último año.
Según argumentó el Gobierno, OSEP llegó a esta situación por diversos factores, entre ellos, el incremento en el precio de los medicamentos, las diferencias porcentuales en los aportes personales de los afiliados activos en relación al sistema nacional, la cobertura de enfermedades catastróficas, los insumos dolarizados, la falta de financiamiento para afiliados pasivos y la judicialización de la salud.
“Desde hace más de una década OSEP muestra déficits crecientes en su ejecución presupuestaria, tendencia que se ha agravado y consolidado en los últimos años al punto de poner en riesgo la sustentabilidad misma del sistema prestacional solidario que la Obra Social legalmente constituye”, indicó el proyecto.
Suarez busca frenar ese déficit aumentando el aporte de los afiliados indirectos -esposa, esposo, hija, hijo, entre otros que dependen del afiliado directo-, y de la patronal -el Estado y los municipios-.
La iniciativa establece tres tipos de aportes:
- Titular con 1 indirecto a cargo, un aporte para el Fondo del 0,75%.
- Titular con 2 indirectos a cargo, un aporte para el Fondo del 1,50%.
- Titular con 3 o más indirectos a cargo, un aporte para el Fondo del 2,25%.
El Ejecutivo pretende incrementar su aporte en unos 2.634 millones de pesos más por año, que sumado a lo que aportarán los afiliados indirectos y los municipios, alcanzaría una suba de recursos de casi 6.000 millones de pesos.
El peronismo puso en duda que esta sea la mejor manera de solucionar la crisis que atraviesa OSEP. “No creemos que con esto se resuelva la situación compleja“, dijo Germán Gómez, jefe del bloque de Diputados del FdT-PJ.
El peronismo, a través del senador Lucas Ilardo, pidió que se tenga en cuenta un proyecto que presentó el año pasado. Esta prevé que los funcionarios políticos y judiciales con salarios mayores a siete salarios mínimos vitales y móviles aporten el 10% de sus sueldos a la obra social, y que los afilados que menos ganen aporten un 4%. Así, estima que podrían recaudar 500 millones de pesos más.
En la Cámara Baja también tuvo el rechazo del Partido Verde, que tiene a un legislador, Emanuel Fugazzotto, como único integrante de la tercera fuerza. “La Provincia, los municipios, todas las familias de Mendoza, inclusive las que no pertenecen a OSEP, van a ser quienes salven la fiesta que fundió la obra social“, afirmó.
Cerro Amarillo
Por otro lado, el oficialismo espera avanzar el lunes con el proyecto minero Cerro Amarillo en la reunión de labor parlamentaria para que incluirlo en los temas a debatir el martes en el recinto en busca de la media sanción del Senado.
La normativa prevé la perforación de nueve pozos de no más de 400 metros de profundidad para poder determinar la presencia de sulfuro de cobre en el yacimiento ubicado en Malargüe.
De aprobarse, sería un guiño para el departamento conducido por el radical Juan Manuel Ojeda, quien hace tiempo reclama la activación de la minería en la provincia.
Cambia Mendoza tiene mayoría en la Cámara Alta, pero siempre dijo que quería buscar el consenso con la oposición. El Frente de Todos aún no se expresó sobre qué actitud tomará en el recinto, pero trascendió que los legisladores tendrán libertad de acción a la hora de votar.
El jueves de la semana pasada, en una reunión conjunta de las Comisiones de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda, y la de Hidrocarburos y Minería, se firmó el despacho favorable.
La iniciativa comenzó a ser tratada en comisiones en 2022, pero se optó por evitar un tratamiento rápido y se pasó para este año. En noviembre pasado, el director de Minería, Roberto Zenobi, y la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, fueron a la Casa de las Leyes a defenderla de los embates peronistas y ambientalistas.
La disputa es por la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), fundamental para habilitar la exploración del lugar. Esta llegó a la Legislatura en 2014, pero fracasó porque no estaba listo el Inventario de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que fue finalizado en 2018.
La oposición puso en duda la vigencia de la DIA, lo que fue rebatido por el Gobierno. Skalany explicó que recién estará operativa cuando sea aprobada por la Legislatura, y que a partir de ahí empezarán a correr los tiempos legales.
El Ejecutivo también aseguró que los pozos están fuera del área glacial y periglacial, y que el proyecto cumple con lo establecido en la denominada ley “antiminera” (7722), porque no se utilizan sustancias prohibidas.
En tanto, ambientalistas platearon que las perforaciones se encontraban en zonas con presencia de glaciares. Al respecto, desde el oficialismo afirmaron que la campaña de exploración se realizará por debajo de los 3.150 metros, altura a la que se encuentran los glaciares.
Fuente: El Sol
