Una causa que se inició hace casi una década por una serie de maniobras fraudulentas realizadas por una inspectora del Ministerio de Trabajo de la Nación tuvo su cierre con una condena este lunes en los Tribunales federales mendocinos.

La ex funcionaria, identificada como Susana Silvia Giunta Rauzi, había sido denunciada en 2014 por labrar actas de infracción truchas contra comercios del Este provincial.

Básicamente, la mujer, de 57 años, simulaba haber realizado controles en negocios de los departamentos de Rivadavia y San Martín y aseguraba que había entrevistado a empleados que estaban trabajando en negro.

De esta forma, llenaba los formularios con datos de supuestos trabajadores, que en ocasiones correspondían a personas que había conocido, y de quienes tenía acceso a su documentación, debido a su militancia en una agrupación kirchnerista.

En total, Giunta Rauzi acumuló doce denuncias en su contra. Este lunes terminó condenada luego de reconocer la autoría en todos los hechos frente al juez Alberto Daniel Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza.

La defensa de la mujer y el Ministerio Público acordaron una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por 6 años por los delitos de falsificación de documentos agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el expediente también estuvo imputado un compañero de Giunta Rauzi que firmó algunas de las actas apócrifas, pero falleció y terminó sobreseído por extinción de la acción penal.

El inicio de la investigación

Uno de los primeros comerciantes en denunciar a la inspectora fueron los propietarios de una casa de fotografía de San Martín, a quienes les llegó a mediados de 2014 una notificación de una multa del Ministerio de Trabajo por incumplimiento a la debida registración laboral.

El documento sostenía que, en junio de ese año, Giunta Rauzi había realizado una inspección en el comercio de calle Lavalle del citado departamento y que fue atendida por una empleada.

Supuestamente, la mujer le aseguró a la funcionaria que llevaba dos días trabajando en el local y que estaba en negro. Se labró el certificado pero no contaba con la firma de la supuesta empleada, quien figuraba como “no registrada”.

Los dueños del negocio acudieron a la Justicia ordinaria pero la causa pasó al fuero federal. Al mismo tiempo, se inició un sumario administrativo en el Ministerio de Trabajo.

En ambos casos, se estableció que los datos plasmados el acta de infracción eran falsos y que los comerciantes nunca tuvieron personal a cargo, ya que ellos mismos se hacían cargo de la atención del local.

Así, se desestimó el pago de la multa por parte de los propietarios en la cartera nacional y la Justicia federal avanzó en la causa por falsificación de documentos contra Giunta Rauzi.

La mujer fue citada a declaración indagatoria, reconoció que ella había firmado el documento en cuestión e insistió con la versión de que había entrevistado a una empleada que se encontraba en negro.

No obstante, con el tiempo se fueron sumando nuevas quejas por su accionar en su contra, por maniobras de similares características y a partir de allí se negó a volver a declarar.

El modus operandi

En cuestión de días, la Justicia federal recibió un total de 12 denuncias por actas falsificadas que fueron labradas por Giunta Rauzi entre el 27 de marzo y el 13 de junio de 2014, sostiene la instrucción.

Los damnificados fueron diferentes negocios de Rivadavia y San Martín: dos casas de fotografía, una juguetería, una tienda de ropa, un negocio de venta de calzados, una farmacia, una mercería, una panadería, un local de materiales eléctricos y una casa de repuestos.

Lo llamativo es que varios de los propietarios advirtieron que habían sido blanco de la misma situación, ya que sus negocios funcionaban en direcciones contiguas o en una misma calle.

En uno de esos casos, se estableció una conexión de las maniobras fraudulentas con la actividad de la acusada como militante de una agrupación K.

Ese hecho tuvo como víctima al dueño de una negocio de venta de ropa de calle San Isidro, en Rivadavia. Al igual que en la primera denuncia, al comerciante le llegó la notificación del Ministerio de Trabajo, que le comunicaba sobre una sanción y multa económica por tener una empleada sin registrar.

La presunta trabajadora que figuraba en el documento declaró en el expediente y aseguró que había conocido a Giunta Rauzi ya que le había ofrecido un plan social en Chapanay, a través de una cuñada.

De esa testimonial surge que la mujer le entregó a la funcionaria, oriunda de Palmira, sus datos y una fotocopia del DNI, asistió a algunas reuniones, a un bingo, pero que después Giunta Ruzi y sus colaboradores desaparecieron.

A través de esa declaración se estableció que la inspectora utilizaba la información de personas que conocía a través de sus trabajos sociales en sectores carenciados de la Zona Este y los colocaba en los formularios truchos.

Pero esa no era la única metodología que utilizaba, ya que en una ocasión colocó como empleada en negro a la hermana del dueño de un comercio de venta de calzados, que también funcionaba en calle San Isidro de Rivadavia.

Algo parecido ocurrió con una mercería rivadaviense, puesto que en el documento labrado por Giunta Riuzi figuraba que durante la inspección había sido atendida por el padre del propietario, quien había fallecido en 2009.

A eso se le sumó la denuncia de una consultora de Godoy Cruz, dedicada al asesoramiento en trámites provisionales. De la investigación surge que en 2013 la inspectora trabajó allí durante dos meses, asesoró a unas 80 personas y les cobró.

Semanas después, llegaron cartas documento solicitando la relación de dependencia, portes e indemnización de una empleada, pese a que pagaba el monotributo.

Cuando la encargada se dirigió a la Subsecretaría de Trabajo para hacer el reclamo correspondiente, constató que el acta había sido realizada por Giunta Riuzi.

A través de las numerosas testimoniales y pruebas recolectadas, la acusada quedó fuertemente comprometida en el acumulado de las causas y terminó reconociendo la autoría en los delitos que le endilgaban.

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