Las empresas que prestan un servicio esencial en los penales federales de todo el país denuncian que el Estado les debe más de 4 mil millones de pesos.
Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del país podrían quedarse en los próximos días sin el servicio de comida debido a un conflicto con las empresas proveedoras de ese servicio en las distintas unidades debido a una deuda que el Gobierno Nacional mantiene con ellas por más de 4.300 millones de pesos.
Desde el sector aseguraron que esas firmas se ven obligadas a seguir prestando el servicio, a pesar de que la irregularidad en los pagos “comenzó hace siete meses y que hace 90 días que no facturan”. “Se trata de una crisis sin precedentes en, al menos, los últimos 30 años”, precisaron, al tiempo que indicaron que en las cárceles del SPF son siete las firmas encargadas de abastecer de comida a las personas privadas de su libertad.
“Hay un incumplimiento de contrato por parte del Estado y encima las empresas no pueden dejar de brindar el servicio de comida porque se les puede iniciar una causa penal por abandono de persona. Tampoco pueden rescindir los contratos. Y es más, algunos vínculos ya vencieron, pero a pesar de ello tienen que seguir brindando el servicio”, remarcaron.
En la actualidad hay 13.039 personas detenidas en prisiones federales, lo que representa una sobrepoblación carcelaria del 8 por ciento de acuerdo a datos oficiales. Según explicaron a MDZ, diariamente se preparan unas 72 mil raciones de comida para alimentar tanto a internos como al personal de las cárceles, que se distribuyen en el desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Ante esta circunstancia, sumada a la delicada coyuntura económica y la deuda en el pago del servicio, las empresas proveedoras se vieron obligadas a financiarse a tasas exorbitantes, lo que provocó que se encuentren al borde de la quiebra, revelaron allegados a esas firmas.
En consecuencia, señalaron que es posible que varias unidades penitenciarias se queden sin alimentos y que las personas detenidas vean afectado su derecho a la alimentación.
MDZ Mendoza