La justicia laboral rechazó hoy el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el DNU de Javier Milei. El juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet rechazó la presentación de la central de los trabajadores aunque hay otras tantas presentadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
“Desestimar la medida cautelar ’interina’ solicitada por la parte actora y correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver”, resolvió el juzgado.
La CGT había hecho una presentación para que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del Título IV del DNU, dedicado a las reformas vinculadas al sector del trabajo, y que suspendiera de inmediato su aplicación. Sin embargo, el magistrado Ramonet sostuvo que no encontró “razones ’graves y objetivamente impostergables’ que habilitan el dictado de una medida cautelar”.
Aunque el juez reconoció que si entra en vigencia el DNU “habría derechos colectivos afectados”, planteó que ello “debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”.
El juez reflexionó sobre los tiempos procesales de la norma en las cámaras y planteó que “resulta obvia la necesidad de que sea tratada en forma rápida”. A nivel judicial, Ramonet sugirió que lo mejor sería que las demandas contra el DNU se traten por separado y no en una única causa colectiva: “En mi modestísima opinión, sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) se ’desagregaran’ por fuero especializado”.
Se acumulan las demandas contra el DNU
El aparo de la CGT contra el DNU es uno de trece que se presentaron en total en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal. En todos los casos se requirió que se suspenda su aplicación hasta que se dicte sentencia de fondo sobre su presunta inconstitucionalidad.
Uno de los primeros en presentar un reclamo de estas características fue Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien aseguró que el decreto “es inconstitucional, nulo e inaplicable”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad”
También presentaron ampararos organizaciones como la Asociación Civil del Derecho a la Ciudad y la Asociación Civil por un Hogar en la Argentina.
Por otro lado, también se presentó en la Justicia la provincia de Buenos Aires. El defensor del pueblo, Guido Lorenzino, pidió que se declare “la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad absoluta” del decreto.
