La fiscal del caso Chocolate Rigau detectó a un hombre y una mujer que hacían exactamente lo mismo. Según los informes, manejaban al menos 33 tarjetas de débito.
Una nueva y misteriosa pareja se sumó al escándalo de las tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense, según revela la investigación en curso liderada por la fiscal Betina Lacki y difundida por La Nación. Este caso, que ya involucra a Julio “Chocolate” Rigau, señalado por extraer importantes sumas de dinero con 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense, ahora tiene como protagonistas a un hombre canoso y una mujer más joven.
Los informes proporcionados por el Banco Provincia indican que esta pareja manejaba al menos 33 tarjetas de débito pertenecientes a empleados del Senado provincial, institución presidida por la vicegobernadora Verónica Magario. Las tarjetas, según la fiscalía, corresponden a empleados cuyos salarios registran al menos $700,000 de bolsillo.
Una nueva y misteriosa pareja se sumó al escándalo de las tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense, según revela la investigación en curso liderada por la fiscal Betina Lacki y difundida por La Nación. Este caso, que ya involucra a Julio “Chocolate” Rigau, señalado por extraer importantes sumas de dinero con 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense, ahora tiene como protagonistas a un hombre canoso y una mujer más joven.
Los informes proporcionados por el Banco Provincia indican que esta pareja manejaba al menos 33 tarjetas de débito pertenecientes a empleados del Senado provincial, institución presidida por la vicegobernadora Verónica Magario. Las tarjetas, según la fiscalía, corresponden a empleados cuyos salarios registran al menos $700,000 de bolsillo.
Si se confirma esta nueva operatoria delictiva, podría representar un perjuicio mensual de más de $23 millones o cerca de $300 millones anualizados a las arcas públicas. Hasta ahora, no está claro a qué espacio político pertenecerían el hombre y la mujer involucrados, aunque las opciones se reducen a solo dos: Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, los dos bloques presentes en la Legislatura bonaerense durante las fechas de las operaciones bajo sospecha.
La fiscalía los detectó mientras reconstruía los movimientos de Rigau en los distintos cajeros de La Plata. Pudieron verificar que “Chocolate” se cruzó con estos dos individuos durante las madrugadas del viernes 11, jueves 17 y martes 5 de septiembre. El hombre extrajo fondos de “aproximadamente” 16 tarjetas de débito, mientras que la mujer de otras 17 tarjetas, todas provenientes del Senado provincial.
La fiscal Lacki instó a la colaboración ciudadana para identificar a esta pareja, ya que las autoridades de la Legislatura se han mostrado renuentes a cooperar con la investigación.
Lacki consideró ya aprobada “la existencia de una operatoria [criminal] que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio] que ‘con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.
Según dio a conocer La Nación, las autoridades de la Legislatura bonaerense, hasta el momento, no han recibido solicitudes de información o colaboración por parte de la Justicia. La investigación continúa, y la fiscalía espera que la identificación de esta pareja aporte más detalles a la trama de corrupción en curso.
UNA CAUSA CON POCOS NOMBRES
Las autoridades de la Cámara de Diputados continúan resistiéndose a cooperar plenamente con la Justicia. La fiscal solicitó el listado de empleados de la Dirección de Personal, que incluiría a los 48 prestanombres cuyas tarjetas fueron incautadas en poder de Julio “Chocolate” Rigau durante su detención. Sin embargo, la entrega de esta información se ha convertido en un nuevo obstáculo.
Alejandro Dichiara, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, perteneciente de Unión por la Patria busca decidir quién representará a la institución ante la Justicia y brindará información sobre el personal de la Legislatura. Por otro lado, la fiscal Lacki insiste en obtener la lista completa de todo el equipo que integra el área de Personal para citarlos a declarar.
Las mismas autoridades legislativas que se niegan a proporcionar detalles sobre el presupuesto de la Cámara invocaron el derecho al acceso a la información pública para intentar obtener detalles de la investigación penal en curso. Sin embargo, la respuesta de la Justicia ha sido clara: cualquier interesado en acceder a la información deberá identificarse de manera fehaciente y demostrar un interés legítimo para obtener acceso a los documentos.
