Era una de las causas que denunciaba el “lawfare” contra el kirchnerismo. El fallo plantea que no existió delito y que los jueces nunca declararon ser presionados.
Sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al exsubsecretario de Justicia y al hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques por la causa conocida como “Mesa Judicial”, en donde se los acusaba de presionar a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas, es decir, el famoso “lawfare” contra el kirchnerismo.
El fallo, que fue firmado hace unas semanas por la doctora María Eugenia Capuchetti, pero que hasta ahora no había trascendido, estableció que uno de los principales motivos de su decisión se basaba en que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en el momento, aunque estaban obligados a realizarla por ser funcionarios públicos.
Además, cuando fueron a declarar, dijeron que no se habían sentido afectado o extorsionados para tomar determinadas decisiones en las causas que tenían. La jueza también planteó que no existió delito por “falta de acción”.
Capuchetti, sobre la no denuncia de los jueces que habrían sido afectados, dijo que es una “cuestión no menor”, ya que “se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”.
También agregó en el fallo que “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.
Quiénes habían sido los afectados
En su momento, las figuras mencionadas como damnificadas en la causa “Mesa judicial” fueron:
- Alejandra Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación.
- Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal hasta el año pasado cuando terminó jubilándose en medio de polémica tras cumplir 75 años.
- Luis Raffaghelli, juez de la Cámara del Trabajo.
- Martina Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín.
- Mirta Graciela González Burbridg, jueza laboral titular.
- Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata.
- Diana Cañal, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
- Eduardo Freiler, exintegrante de la Cámara Federal porteña, destituido en juicio político.
- Luis Aníbal Raffaghelli, juez integrante de la Cámara del Trabajo.
- Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal porteña.
- Marcela Pérez Pardo, jueza de la Cámara Nacional en lo Civil.
- Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, exmiembros de la Cámara del Trabajo.
Cómo comenzó la causa
El expediente fue impulsado en el 2020 por el diputado de ese entonces Martín Soria, del Frente de Todos. La acción legal fue luego de que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya difundido el contenido de una entrevista radial que había dado la jueza de Casación Ana María Figueroa, en donde decía que existía una “presión” de un funcionario del Ministerio de Justicia, al que la jueza no identificó en ese momento.
Todo habría ocurrido en 2015, cuando Garavano le habría preguntado cuándo iba a salir una decisión de Casación que analizaba si se reabría la denuncia de Alberto Nisman por la causa Memorándum con Irán. El fallo por el Memorándum salió un año después de esa fecha y la entonces jueza votó junto a sus colegas de sala por reabrir la denuncia de Nisman.
Garavano, en una presentación que hizo el año pasado, presentó el disparador de su sobreseimiento. Allí, el exministro de Justicia explicó que las pruebas demuestran que nunca existieron las supuestas presiones, sino que todo tuvo una intencionalidad política: “La estrategia de sostener el ‘inventado’ concepto de ‘lawfare’ en busca de beneficios en procesos penales en los que se encuentran involucrados ‘funcionarios de altísimo rango del signo político de los legisladores que hicieron la denuncia original’”.
Cabe destacar que el funcionario aclaró en todo la presentación que tanto Figueroa como los demás funcionarios del Poder Judicial no habían denunciado los hechos luego, algo que legalmente les correspondía.
Sobre el caso de Figueroa puntualmente, enfatizó en que no había utilizado los resortes administrativos de la Cámara que integraba para poner en conocimiento de sus colegas lo ocurrido, no había efectuado reclamo alguno por esta cuestión al propio Ministerio de Justicia, no lo había puesto en conocimiento de la Justicia al terminar el mandato de la administración que supuestamente la había presionado. A su criterio, todo demostraba que las presiones no ocurrieron.
“La teoría esbozada en autos por los denunciantes y algunos magistrados, conocida como ‘lawfare’, no solo es un invento inaceptable, sino que es una burla a las instituciones, especialmente el desenvolvimiento del Poder Judicial, cuya actividad se ve desprestigiada injustamente por quienes sostienen esa hipótesis, en el solo interés de resolver sus situaciones procesales por vías indirectas… A esto se suma la gravedad institucional que importa el alcance de lo denunciado, que involucra a distintos funcionarios de la anterior administración, del más alto rango… En función de todo ello, corresponde se haga lugar al planteo efectuado y se dicte auto de sobreseimiento”, afirmó Garavano.
La resolución
Capuchetti hizo lugar al planteo y sobreseyó a los afectados. “Las críticas al Poder Judicial, sean a través de medios públicos o de los sistemas institucionales previstos para la revisión del desempeño de sus integrantes (siempre dando a los magistrados denunciados las garantías del debido proceso y haciendo primar criterios jurídicos en el procedimiento), no pueden ser consideradas una vulneración a la garantía de independencia judicial”, declaró.
“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, dijo.
Para la jueza, las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno, ni tampoco las probanzas sugieren una alternativa plausible”.
“La gran amplitud de los límites de esta investigación, y consecuentemente de las vías para acreditar las hipótesis, ha importado una frondosa y diversa actividad probatoria que, inevitablemente, ha desdibujado en ocasiones la frontera del objeto procesal”, aseguró Capuchetti.
“Bajo ningún punto puede soslayarse que las presuntas víctimas de las conductas denunciadas son o eran funcionarios públicos, encargados de aplicar el derecho en el reparto de tareas republicano y, en ocasiones, encargados de tareas vinculadas a la administración de justicia penal… La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”.
No obstante, Capuchetti ordenó extraer testimonios para que otro juez analice las distintas búsquedas que se hicieron sobre algunos de los funcionarios judiciales en bases de datos.
Con los sobreseimientos firmados, la fiscalía apeló. Hubo que notificar a todos los involucrados porque algunos ni siquiera habían presentado abogados en el expediente. Ahora, la revisión de la causa quedó en manos de la Cámara Federal porteña, para cuando se reanude la actividad habitual en febrero, en los tribunales de Comodoro Py 2002.
