Cuatro de cada diez viviendas que no estaban en el mercado inmobiliario volvieron a estar disponibles. El dato surgió tras la derogación de la Ley de Alquileres impulsada por el Ejecutivo nacional que conduce el presidente, Javier Milei. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Una gran cantidad de propiedades aún mantiene su precio en dólares y, en los primeros meses del año, no se percibe una merma en las tarifas. Además, la desregulación del sector generó un mercado paralelo: el de los acuerdos informales.
El otro dato relevante que surgió en los últimos meses está relacionado con la duración de los contratos. Mientras que la derogada ley establecía una vigencia de 3 años, los referentes del sector afirman que, actualmente, se están firmando acuerdos por 24 meses. En cuanto a las actualizaciones, en la mayoría de los casos se producen cada tres o cuatro meses, aunque sin regulación, obviamente existen casos particulares.
Por otra parte, en los principales portales inmobiliarios de la provincia, aún existe un gran número de inmuebles con precios en dólares. Sin embargo, según señaló a MDZ el referente inmobiliario y miembro del Colegio Federal de Corredores inmobiliarios (Cofeci), Estanislao Puelles, “esto no significa que el contrato no se pueda hacer en pesos”.
“El 2024 va a ser un año de transición en donde el mercado se va a ir acomodando, por eso se ven valores muy dispares. Lo bueno de esto es que con el correr de los meses, la oferta y la demanda va a empezar a equilibrarse”, afirmó Puelles.
Baja morosidad y contratos informales
En un contexto de crisis, los inquilinos están ajustándose al máximo para poder pagar el alquiler. “Por el momento no notamos morosidad, por supuesto que va a depender de que los salarios empiecen a acompañar el impacto de la inflación, hay viviendas que venían pagando 15 mil pesos de luz y este mes les llegó 40 mil. Si en los próximos meses los sueldos no aumentan, probablemente empecemos a ver problemas de pago”.
En febrero, MDZ daba a conocer cómo la desregulación de la Ley de Alquileres generó un mercado paralelo en el que las inmobiliarias quedaron excluidas y los contratos pasaron a firmarse directamente entre inquilinos y propietarios. En un país con una crisis habitacional en crecimiento, miles de familias terminan siendo rehenes de acuerdos injustos que, en un contexto económico tan complicado, hacen malabares para poder cumplir con los acuerdos contractuales.
Según la Encuesta Nacional realizada por Inquilinos Agrupados en enero, el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses. Esa situación, produce que, en muchos casos, el aumento sea difícil de afrontar para un trabajador que no tiene vivienda y está obligado a aceptar contratos imposibles.
Fuente: MDZ
