El Gobierno avanza con un plan para recuperar los terrenos que la gestión anterior le entregó a comunidades mapuches.
La semana pasada se descartó un acuerdo por el que el Estado Nacional se comprometió a entregar más tierras a agrupaciones de pueblos originarios, al reconocimiento de sitios sagrados, la construcción de viviendas y a frenar los procesos de desalojo, según fuentes oficiales.
El acuerdo de la gestión kirchnerista había sido firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Fabián Marmoni, entre otros.
Este jueves se reúne el directorio de la Administración de Parques Nacionales para rescindir un contrato de comodato firmado a finales de 2021 entre esa dependencia y la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Sororidad que le otorgó a esa institución el uso de dos hectáreas que pertenecían a la Universidad del Sur, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche.
El comodato se firmó por 10 años, pero la gestión de Javier Milei resolverá disolverlo ahora y pedir la devolución de las tierras.
El flamante titular del área, Cristian Larsen, viajará a Rio Negro por este motivo.
Mientras tanto, el área de Parques Nacionales se presentó en causas de desalojo como querellantes, un cambio de postura respecto de la gestión anterior.
A su vez, se están realizando auditorías sobre el estado de los predios y hoy elevaron 75% el valor de las entradas sobre nueve de los 39 parques que cobran el ingreso.
El predio en cuestión en Bariloche es un terreno de dos hectáreas dentro del circuito del Cerro Tronador.
La fundación fue representada, en el contrato de cesión, por Franco García Dellavalle un “militante popular” del Movimiento Popular la Dignidad y abogado cooperativista, cercano a Juan Grabois, según el mismo se identifica en redes sociales. Además, fue designado director Nacional de Inclusión Financiera en el Ministerio de Economía en 2023, dos años después de firmado el contrato de comodato.
A fines del año pasado, y a días de dejar el Gobierno y de posiblemente disolverse el área, el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país. De las 118 resoluciones publicadas este año, 81 fueron hechas después de las elecciones de balotaje, que confirmaron a Javier Milei como presidente electo y, por lo tanto, la eliminación de este instituto, según lo dicho por el libertario. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre.
A lo largo de la gestión del Frente de Todos, se hicieron 221 reconocimientos de comunidades indígenas. Más de la mitad fueron realizadas en el último año de gestión (118) y más de un tercio en los últimos 16 días (81).
De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones se concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera los antecedentes legales de la comunidad, su información catastral, sus inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.
A su vez, el Gobierno ofrece estrategias administrativas o judiciales para dar curso a sus reclamos sobre el territorio. La carpeta técnica que se entrega es una “herramienta que, con una futura ley de propiedad comunitaria, posibilitaría encaminar la regularización de las tierras”, según se describe en la información del INAI.
Además, se les entregan datos sobre la situación en la que vive la comunidad, cartografías y un informe histórico antropológico.
