Fernando Espinoza fue denunciado por una secretaria que trabajaba con él en negro. Fue sobreseído en una primera instancia pero luego de una apelación fiscal, la causa fue reabierta.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por abuso sexual y desobediencia. La jueza Fabiana Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, emitió el fallo que no solo imputa a Espinoza por “tocamientos impúdicos” a su secretaria privada, sino que también lo embarga por 1.500.000 pesos.
El incidente denunciado ocurrió el 10 de mayo de 2021. Según el testimonio de la víctima, una mujer de 32 años que había comenzado a trabajar recientemente como secretaria privada de Espinoza en una relación laboral informal, el intendente la acosaba con insistentes invitaciones a cenar. Sintiéndose presionada, accedió en dos ocasiones, pero fue en un tercer encuentro, en su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ubicó el abuso sexual. Según la denunciante, Espinoza se bajó los pantalones, se abalanzó sobre ella y la manoseó violentamente. Ella declaró que se resistió y que Espinoza, enfurecido, abandonó el lugar.
Durante el proceso judicial, la denunciante mostró contradicciones en sus declaraciones, las cuales fueron comparadas con las de un testigo que tuvo una relación extramatrimonial con ella y la recomendó para el trabajo. No obstante, la jueza Galletti desestimó el testimonio del testigo, afirmando que “no resulta suficiente para desligarlo de la responsabilidad”. En su fallo, subrayó que la versión de la víctima parecía más creíble y coherente con la situación de abuso descrita.
La jueza explicó: “Luce más acertado y natural pensar que la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja“.
La investigación incluyó la revisión del teléfono celular de Espinoza, revelando que su dispositivo se activó en las antenas cercanas al domicilio de la denunciante en los momentos clave. Este hallazgo, junto con un peritaje psicológico a la víctima, fue fundamental para el fallo judicial.
La jueza Galletti, en su escrito fechado el 15 de mayo y conocido en las últimas horas, impuso además una prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con la víctima, incluyendo una restricción perimetral a menos de 500 metros, bajo apercibimiento de incurrir nuevamente en el delito de desobediencia.
Espinoza había sido sobreseído en primera instancia, pero tras una apelación fiscal, la causa fue reabierta.
