Policías federales e integrantes de la Gendarmería y la PDI del vecino país, trabajaron en conjunto para realizar 17 medidas en distintos puntos del Gran Mendoza. El objetivo, desbaratar una organización criminal.
Tráfico ilícito transnacional de armas, un delito que pocas veces se ha trabajado masivamente y con tanto personal policial en Mendoza. Este jueves por la mañana, decenas de efectivos federales de todo el país, integrantes de la Gendarmería Nacional y los máximos responsables de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarrollaron 17 allanamientos en conjunto en nuestra provincia en búsqueda de los integrantes de una organización criminal dedicada a llevar armas de diferentes calibres a Chile. También se hicieron seis medidas en Buenos Aires.
Desde minutos después de las 7, por orden del Juzgado Federal Nº3, a cargo del juez Marcelo Garnica, y con la presencia del fiscal Fernando Alcaraz, los uniformados ingresaron a los distintos domicilios (principalmente de Maipú) en búsqueda de armas de fuego, documentación, estupefacientes y la detención de los sospechosos, quienes vienen siendo identificados desde hace más de tres años, cuando se inició la instrucción.
La información a la que accedió El Sol señala que, de acuerdo con las pruebas que se fueron incorporando en el expediente, algunas de las barriadas donde se desplegaron las medidas eran consideradas peligrosas y necesitaban de la presencia de grupos de choque policial. Pasadas las 9.30, no se habían registrado inconvenientes y las medidas se ejecutaban con normalidad.
La investigación se inició en el 2021. Gracias a trabajos de la Unidad de Inteligencia Criminal de la Policía Federal de Mendoza, se obtuvieron datos con pruebas de seguimiento y análisis de teléfonos celulares sobre un grupo de camioneros chilenos que trasladaban escondidas en las cabinas de los pesados rodados diversos armamentos para luego revenderlo en el vecino país.
Las fuentes aportaban que los trabajadores del volante adquirían el armamento a bajo costo en asentamientos del Gran Mendoza y de Buenos Aires para luego comercializarlo a través de sus contactos en Chile a diferentes organizaciones criminales. De esta forma, potenciaban a un menor costo otras actividades delictivas como el narcotráfico o los hechos de inseguridad.
La instrucción avanzó hacia Chile y los investigadores policiales y judiciales federales comenzaron a intercambiar información con ese país y se conformó un equipo de trabajo integrando por la Fiscalía Federal, la Policía Federal de Mendoza, la Gendarmería y la PDI trasandina con el objetivo de individualizar a los miembros de la banda que cometía el tráfico ilegal trasnacional y capturarlos.
Una vez realizados los trabajos de calle y confirmando las hipótesis con la incorporación de pruebas y el modus operandi, se profundizó la pesquisa y se ordenaron escuchas telefónicas con los sospechosos de trasladar los cargamentos y quienes serían los proveedores de las armas. Se fue armando un organigrama de la estructura delictiva y confirmaron que existía un par de hombres como máximos responsables en Mendoza.
Del total de 17 medidas en Mendoza, la Policía Federal desarrolló casi todas (11) con colaboración de diferentes delegaciones de la región como San Luis, San Juan y con el apoyo de un can detector de armas y drogas y la Gendarmería el resto (6). Por su parte, los efectivos de Buenos Aires desplegó otros seis allanamientos en diferentes domicilios que no eran considerados villas o asentamientos.
