La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello luego de llamar a indagatoria al dirigente para el próximo 25 de junio.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero que fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales. Precisamente, el llamado a indagatoria se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos dibujados.
En el expediente se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El juez citó a indagatoria a 23 acusados que se realizarán en seis audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25, cuando sea el turno de Belliboni. Ayer, Belliboni se presentó en la causa con la representación de la abogada Liliana Alaniz.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el juez dispuso la inhibición de bienes de Belliboni y la otra veintena de convocados a indagatoria. Se trata de una medida similar a la que ya había dispuesto el 15 de mayo sobre las personas a las que había apuntado el fiscal Gerardo Pollicita. El juez no solo inhibió todos los bienes. A pedido de la fiscalía, también incluyó las billeteras virtuales
La inhibición alcanzó en una primera tanda a Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Y luego ahora, tras las indagatorias, se agregaron: Brisa Noelia Paucara Choque, Mercedes Fossat, María Cecilia Cowper, Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Iván Ortiz, Roberto Adrián Albornoz y Eduardo Belliboni.
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La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —”cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.
Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez resolvió este lunes ordenar las indagatorias al sostener: “considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo.
La resolución afirmó que esa maniobra “se vio complementada con la exigencia” de acudir a marchas, aportar dinero y militar a algún candidato, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. “Esas exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad”.
