El mendocino Luciano Di Cesare, que fue titular del PAMI durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, pagó al organismo más de 88 millones de pesos para evitar ir a juicio oral por una causa en su contra. El dinero fue transferido en marzo, pero la operación se conoció en las últimas horas. No obstante, el proceso penal sigue en marcha.
Un día antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, el 9 de diciembre de 2015, Di Cesare había pedido cobrar vacaciones que no se había tomado, las cuales correspondían a 2012, 2013, 2014 y 2015, sus últimos cuatro años de gestión.
Según informó el sitio Infobae, la nota presentada por el mendocino señalaba que no se pudo tomar vacaciones por el trabajo y que le correspondía cobrar por “usos y costumbres” del organismo. El pago fue autorizado por María Arrouzet, gerente de Recursos Humanos del PAMI; y remitido por Carlos Galdo, subgerente de Administración de Recursos Humanos.
El 10 de diciembre de 2015, día en que Macri tomó el mando de la Presidencia, el mendocino cobró el dinero. En ese momento, percibió 1,3 millones de pesos.
Una semana después, el reemplazante, Carlos Regazzoni, lo denunció penalmente por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la presentación se argumentó que la ley de contrato de trabajo establece que las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses, y que está prohibida la compensación por plata.
El juez federal Ariel Lijo procesó a Di Cesare, a Arrouzet y a Galdo, tras lo que la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que fueran a juicio oral. Finalmente, la primera audiencia fue programada para febrero de este año.
Sin embargo, el PAMI y los acusados acordaron la devolución de la plata, con el monto ajustado por inflación, lo que redundó en un pago de $88.131.531,86. El dinero fue depositado en marzo, lo que preveía el cierre de la causa penal.
Más allá de que la conciliación fue aprobada, la fiscal León apeló la decisión y pidió que intervenga la Cámara Federal de Casación. El tribunal debe definir. Y a esto se suma que a fines de mayo, la defensa de Arrouzet pidió la prescripción de la causa porque el tiempo de pena que prevé el delito (seis años) ya pasó.
