La crisis económica en Argentina -entre otras causas- no ha dejado indemne a la Policía de Mendoza, que enfrenta una situación preocupante. En lo que va del año, 52 jóvenes policías han solicitado una licencia especial sin goce de sueldo por un año y luego abandonaron el país. La mayoría de ellos, con menos de 10 años de servicio en las fuerzas de seguridad, emigraron principalmente a España, buscando mejores oportunidades laborales. Según el Ministerio de Seguridad, el éxodo policial es una señal del impacto de la crisis en sectores clave como la seguridad pública, lo que preocupa tanto a las autoridades como a la población.
Gustavo Sarli, integrante de la Inspección General de Seguridad (IGS), en una entrevista para el programa “Jornada de #6a7” de Radio Jornada FM 91.9, conducido por Jorge Fernández Rojas, confirmó esta situación: “Nos hemos encontrado que estas personas seguían afuera del país, que se habían retirado a España y que no tienen intenciones de volver”.
La mayoría de los policías que han emigrado tienen entre 25 y 30 años, con menos de una década de servicio. Sarli explicó que el proceso es sencillo: “Solicitan una licencia especial sin goce de sueldo por un año y no regresan”.
Pérdida para el Estado
Este éxodo no solo afecta la capacidad operativa de la Policía de Mendoza, sino que también implica una pérdida significativa de capital humano en el que el Estado ha invertido. Sarli señaló que “el Estado gasta en un año en la preparación de estos policías y al corto plazo, a los 3, 4, 5 años, esta gente se retira. Son gastos que hace el Estado y se pierden”. Además, no se trata solo de agentes de línea, muchos han sido entrenados en áreas técnicas, grupos especiales o en idiomas extranjeros, lo que aumenta el costo de su partida.
La Inspección General de Seguridad y la bicameral de seguridad de Mendoza, presidida por el diputado provincial Germán Gómez, buscan soluciones a esta problemática a través de reformas legislativas. Sarli mencionó que “hay muchos policías que se están capacitando, estudiando abogacía, contadores, pero se limitan, que no pueden ejercer su profesión después de la guardia”, sugiriendo que la posibilidad de que los agentes puedan ejercer otras profesiones fuera de su horario de trabajo podría ayudar a frenar el éxodo.
A pesar de los esfuerzos de coordinación entre la IGS y la bicameral de seguridad, el éxodo policial sigue siendo una problemática latente. Aunque algunos agentes optan por un retiro voluntario para dedicarse a otras profesiones dentro del país, estos casos son significativamente menores en comparación con aquellos que deciden emigrar. Mendoza, junto con Córdoba, ha sido pionera en el desarrollo de legislación en derecho administrativo disciplinario en Argentina, lo que demuestra que hay un marco legal sólido para gestionar estas situaciones. Sin embargo, la realidad actual exige ajustes en estas leyes para hacer frente a las nuevas demandas del contexto económico y social.
