Con una dosis de zozobra en el inicio de la sesión extraordinaria para reunir el quórum, el Frente de Todos logró aprobar con sanción inicial en la cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que disminuye los “privilegios” de los regímenes especiales de jueces, fiscales y diplomáticos en materia jubilatoria.
Con 128 votos afirmativos y dos abstenciones (de los diputados del Frente de Izquierda), la iniciativa fue aprobada después de tres horas de debate y fue girada a la Cámara de Senadores, donde será tratada una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias.
La sesión corrió peligro ya que hasta las 12:59, es decir, casi 45 minutos después del horario de la convocatoria, porque el oficialismo no podía reunir el quórum reglamentario. Una vez que lo reunió, Juntos por el Cambio bajó al recinto, pero muy fugazmente ya que se retiró después de que el presidente del interbloque opositor, Mario Negri, impugnara el quórum al denunciar la presencia “anormal” en la sala de Daniel Scioli, legislador designado embajador en Brasil.
Sin la oposición, el oficialismo le dio media sanción en Diputados a los cambios en el régimen de jueces y diplomáticos https://t.co/iHaBrtsX28 pic.twitter.com/B1GzENFnMk
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 27, 2020
El oficialismo ya tenía prevista la asistencia de Scioli porque sostiene que “es legítima” porque aún no está oficializada en el Boletín Oficial su designación como embajador y aún es legislador. “No puede ser diputado y embajador al mismo tiempo”, dijo enojado Negri.
Entre los cambios aprobados se encuentran las modificaciones en la edad de jubilación: aumento en forma progresiva la edad para acogerse al beneficio y pasará a 60 años este año; 61 años a partir del próximo, hasta llegar a que sea 65 años en 2025. También en el tema de aportes: se incrementará en 7 puntos porcentuales “sobre la remuneración total percibida en el desempeño de sus funciones”. Esto eleva la alícuota a 18%.
Con respecto al 82% móvil, el haber inicial de la jubilación ordinaria será equivalente al 82% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Hasta ahora, se tomaba el 82% del último sueldo, que en estos casos, suele ser el más elevado ya que en la Justicia existe protección para que no se reduzcan los sueldos.
