Condena en tiempo récord, cómo funciona el proceso que agiliza la Justicia - El Federal Online

La semana pasada se conoció la condena a Gerardo Godoy de 37 años.  La Justicia, en un juicio abreviado,lo sentenció a 17 años y medio de prisión por encontrarlo culpable del homicidio de Esteban Javier “El plancha” Palombarini de 38 años el sábado 25 de junio. La resolución estuvo a cargo de la jueza Erica Sánchez llegó en tan solo 13 días luego del fatídico hecho y esto llamó la atención por la mala reputación que tiene el Poder Judicial en cuanto a la celeridad de su actuar.

El juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, detalló que no es un solo factor sino que son una serie de factores que se tienen que dar para que las causas se resuelvan de manera ágil. “Depende de la investigación y del caso, obviamente. Cuánto más rápida y eficaz sea la investigación, muchas más posibilidades hay de resolverlo en poco tiempo”, comenzó el magistrado.

Sin embargo, destacó que existe todo un mecanismo del sistema de la Justicia que ahora tiende a resolver lo más prontamente posible, pero aclaró que mejora no es sinónimo de eliminar garantías. “Al contrario, las garantías se mantienen como siempre y en algunos casos hasta diría que mucho más porque ahora se hacen las audiencias orales” y así el magistrado puede ver directamente al acusado, añadió. 

El día de la lectura de la sentencia a Godoy por el homicidio de Palombardini.

Y ahí está justamente una de las claves de la rapidez con la que se resuelven los casos. Con la oralidad, el juez tiene la oportunidad de escuchar directamente al imputado y a la víctima, por lo que esto, según Valerio, ha mejorado las condiciones de todos. “A pesar de haber mejorado las condiciones, también se hace más rápido. Estamos ante una cultura donde si se hace más rápido es mejor”, agregó.

En cambio antes, la cultura judicial era al revés: había que tomarse el tiempo para analizar, también estaba la escritura del expediente y “en la cultura del expediente hay mucha delegación”. “No hay personalidad del juez en una audiencia, generalmente había delegaciones en los auxiliares de los funcionarios como secretario o prosecretarios. Ahora está más personalizada, es el juez el que está en la audiencia. Es él que toma las decisiones. Además son las partes las que le imponen la información para tomar una decisión”.

Esto obliga a mejorar al Ministerio Público Fiscal, a la Defensa y al juez ya que ahora no tiene el tiempo para decir “después lo veo”, con el planteo lo tiene que resolver oralmente. “Hay muchos que resuelven de manera escrita y otros que lo hacen oral y después se materializa por escrito. Lo bueno no es porque sea oral o escrito, depende de la calidad y el caso. Pero todo esto hace a una Justicia que se ve distinto, que va hacia otra manera. Contribuye que los operadores judiciales (la Defensa, el Ministerio Público) administren los tiempos y así agilizarlo”, comentó el magistrado.

El juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio.

Además, hay que ver cada caso donde no hay elementos de prueba y es mucho más difícil resolverlo. “No puede ser que en lugar de resolver casos que son fáciles, andemos a los tumbos dando tiempos que no son necesarios”, señaló.

La escrituridad del expediente antes demoraba mucho tiempo. Hoy hay constancias que el juez las recibe de manera digitalizadas junto con la información que le brinda el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, lo que acelera el proceso.

Ley de prisión preventiva

En junio de 2016, la Ley 8.869 trajo dos cosas: por un lado, la uniformidad del sistema, ya que no había prisión preventiva en las mismas condiciones y por otro lado, la apelación de forma oral.

Para entender de dónde viene, en 1999 cuando se sanciona la Ley 6.730 establece en el nuevo Código Procesal Penal la gradualidad pero no entra en vigencia en toda la provincia de la misma manera. Esto es la gradualidad por territorio. Con la Ley 8.869, esto pasa a ser por institución y es así parejo para toda Mendoza. “No teníamos prisión preventiva en las mismas condiciones. En lugares donde regía la Ley 6.730 el fiscal era el que hacía la investigación. El fiscal pedía pero no había audiencia. Ahora, tiene que estar el juez, el acusado. Esto significó un gran avance”, aclaró Valerio.   

“El sistema, ya no analiza causa por causa. Aproximadamente el 30% de las audiencias de prisión preventiva terminan en un juicio abreviado. El fiscal pide esta audiencia, resuelve el juez y se plantea el juicio abreviado. Esto antes no existía. Es anticipar las decisiones. No puede ser que se llegue al debate para plantear la suspensión del juicio, hay que hacerlo pronto”, agregó. 

De esta manera, indicó que “hay mayor eficacia y eficiencia” que es el factor económico en el sistema de Justicia con recursos y tiempos limitados: “Cuando aprendamos a tener en cuenta a estos dos factores, vamos a comprender por qué el sistema ha cambiado”.    

Mendoza Post

 

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