Una joven que quedó embarazada mientras estaba detenida en la comisaría Primera, de Tucumán, seguirá privada de la libertad, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La decisión fue anunciada durante una audiencia que tuvo lugar el viernes, en la que el juez interviniente resolvió solicitar que el caso se investigue, y que se analice si el abogado que la defendió en un primer momento no le cabría una sanción.

También requirió que se analice el posible ingreso de droga en la la dependencia policial y si al jefe de la misma le cabe algún tipo de responsabilidad en esta situación.

El 14 de noviembre de 2021, Carlos Antonio Guzmán fue asesinado de un disparo en la cabeza en Río Colorado. Su familia había denunciado su desaparición luego de que se marchara de su casa con $ 2 millones para comprar un terreno. Fue detenido y acusado por el crimen Leonardo Gonzalo Argañaraz.

La fiscal Mónica García de Targa lo imputó de homicidio agravado. En la audiencia, la hija de la víctima, P. V. G., confesó que ella había pedido que mataran a su padre porque él había abusado de ella.

“La situación había llegado a un punto límite. Estoy segura de que si no lo mataba, él me mataría”, declaró. “Fue por el infierno que viví durante mucho tiempo. Ya no aguantaba más”, indicó la joven al borde de las lágrimas.

La fiscal ordenó su aprehensión y logró que le dictaran la prisión preventiva. Al no haber una dependencia donde mantenerla alojada, la joven fue trasladada a un calabozo de la seccional 1ª, violando todas las normas vigentes que disponen que los detenidos deben ser encerrados en lugares cercanos a sus domicilios para evitar que no pierdan contactos o que tengan las raciones de comida para alimentarse, según consigna La Gaceta.

La acusada contrató los servicios de un defensor particular. Según se ventiló en la audiencia, el profesional cobró $ 500.000 de honorarios para asistirla y con la promesa de que quedaría en libertad rápidamente.

Al acercarse la fecha de juicio y no tener novedades de su patrocinante, se ordenó que la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís tomara el expediente ni bien se levantó la feria.

A los dos días de haber sido notificada, la defensora se presentó en la seccional 1ª para mantener el primer contacto con la acusada. Allí descubrió que la joven estaba embarazada de ocho meses y que nadie había informado de la situación, por lo que nunca recibió atención médica.

La joven indicó que con la única persona que había mantenido relaciones era una joven trans que, ilegalmente, estaba encerrada con ella por falta de espacio. También habría informado que la obligaba a consumir pastillas -se sospecha que fueron psicotrópicos-, marihuana y bebidas alcohólicas que comercializaba entre los reos.

Ante la gravedad del caso, Ferreyra Asís, basándose en los dichos de los detenidos, labró un acta que presentó en la fiscalía de García de Targa, en el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y en la Oficina de Gestión de Audiencias de Monteros para que estuvieran al tanto de la situación.

También presentó un oficio para que la joven fuera atendida de manera urgente en la Maternidad porque no había sido sometida a un control prenatal, a pesar de que estaba cursando el octavo mes de embarazo, planteo que fue aceptado por el juez Mario Velázquez un día hábil a las tres de la mañana. Por último, pidió que se realizara un debate para analizar su situación.

El viernes se realizó la audiencia donde la defensora le solicitó al juez Marcos Núñez Campero que se le otorgue el arresto domiciliario a su asistida, ya que en los próximos días dará a luz. Dijo además que en este caso hubo numerosas irregularidades que no hicieron otra cosa más que atentar contra la vulnerabilidad de la joven.

Relató, por ejemplo, que no se aplicó la perspectiva de género en un caso donde la acusada fue víctima de abusos sexuales por parte de su progenitor. También recalcó que la madre de la chica había sufrido violencia de género y que el problema físico de su hermano (tiene parálisis cerebral) podría haber sido generado por los golpes que recibió la mujer cuando estaba embarazada.

Ferreyra Asís señaló además que los informes médicos que le practicaron a la detenida revelaron que estaba al borde de la desnutrición, puesto que es celíaca y nunca recibió la alimentación adecuada que deben ingerir las personas que sufren de este problema.

También pidió que se investigara cómo pudo haber quedado embarazada si no tenía autorización para recibir visitas íntimas. Incluso cuestionó que nadie haya informado de su situación, pese a que ya llevaba ocho meses de gestación y no dejó de mencionar el posible tráfico de sustancias en esa dependencia como así también la grave irregularidad que la habría obligado a compartir la celda con una trans.

La abogada además solicitó que se detuvieran todos los tiempos procesales teniendo en cuenta que nadie había tomado el caso con perspectiva de género. La fiscal García de Targa no sólo no se opuso, sino que solicitó que se iniciara un expediente en contra del defensor particular para determinar si no cometió una mala praxis.

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