Este sábado 18 de marzo, precisamente a las 4.30, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime fue liberado y abandonó la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.
Jaime estaba preso desde el 2 de abril de 2016. Si bien tiene condenas por numerosos casos de corrupción en su paso por la administración pública, ninguna está firme. Por lo que deberá aguardar las sentencias definitivas en libertad.
El exfuncionario fue liberado luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, decidiera firmar su libertad debido a su “delicado cuadro de salud”.
En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año”.
En la resolución, los jueces establecieron que cuando Jaime recupere su libertad debe “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”. También posee la “obligación de notificar a esta sede cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 kilómetros”.
El exfuncionario no puede salir del país sin autorización previa. Es por eso que le impusieron “la entrega del pasaporte que tuviere en su poder a través de la defensa -en caso de contar con dicho documento- e interdicción de expedir nuevos a su nombre”.
Como última medida, el tribunal determinó “la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS – Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica-”.
Las otras causas que afronta Ricardo Jaime
Detenido desde 2016, Jaime fue condenado por la llamada “Tragedia de Once”, pero ese fallo aún no adquirió firmeza: el año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le revocó la condena por “estrago culposo” y le “confirmó la de administración fraudulenta” vinculada a ese hecho, por lo que le redujo la pena de siete a seis años de prisión.
También en 2022, el exfuncionario había sido condenado a ocho años de prisión en el marco de un juicio en el que se investigó la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal, en la que se le endilgó también haberse enriquecido de modo ilícito. Dicha sentencia aún no fue confirmada.
