El juicio oral que intenta determinar si el juez federal Walter Bento era jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de morigerar la situación procesal de algunos presos entró este miércoles en una etapa destacada referida a las pruebas que reunió la fiscalía para terminar procesarlo por los delitos más pesados que motivaron su llegada al banquillo, además de cohecho y asociación ilícita.  

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio se dio a conocer la evolución patrimonial de Bento y su esposa, Marta Boiza, desde el año 2005 hasta la actualidad, es decir, desde que el magistrado comenzó a estar al frente del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza y la mujer se desempeñaba como empleada del Poder Judicial de la Nación. Por estas pruebas, la fiscalía sostiene que el juez de primera instancia cometió los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las secretarias del Tribunal Oral Federal que lidera el proceso leyeron hasta el año 2017 -este jueves continuará con los años que faltan- lo que el fiscal general Dante Vega consideró un “enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado”. Además de la pareja, quedaron en la mira sus hijos, Luciano y Nahuel Bento, también empleados judiciales federales. “Los hijos del matrimonio no tenían ingresos propios, luego esos fueron escasos hasta que finalmente, se vieron incrementados al percibir un salario como empleados del Poder Judicial de la Nación”, señala la citación a debate.

“De este modo todo el patrimonio de la familia se encuentra completamente confundido, por lo que el siguiente análisis explica no solo la escalada que experimentó respecto del matrimonio Bento-Boiza, sino también cómo los bienes que integran el patrimonio de sus tres hijos han sido adquiridos, y la forma en que esa masa se ha incrementado y robustecido mediante los ingresos ilícitos de su padre proveniente del cobro de sobornos, generando el consecuente enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado”, tal como evidencia la página 426 de la pieza acusatoria.

La fiscalía se basó en las pericias contables que forman parte del expediente que se inició en el 2020. Enumeró los bienes muebles e inmuebles que la familia fue adquiriendo con el paso de los años y también la forma de pago y los viajes al exterior, principalmente a Estados Unidos y por cortos períodos de tiempo, que realizaron tanto Bento y Boiza como sus hijos.

“No obstante, en alguna operación en particular se ha podido determinar la existencia de fondos no justificados para la adquisición de un inmueble”, sostiene una de las fojas que fue expuestas frente al magistrado, abogados defensores, Ministerio Público y los más de treinta procesados.

Si bien se leyeron todos los años desde el 2005 hasta el 2017, fuentes judiciales detallaron que uno de los casos testigo más importantes para ejemplificar las sospechas de los delitos que habrían cometido se da en el 2014, como se desprende del requerimiento.

“Durante el período reseñado, nuevamente, se observan numerosas salidas del país por parte de todos los miembros del grupo familiar: Walter Bento estuvo en el exterior 80 días, Marta Boiza 82 días, Nahuel Bento 40 días y Luciano Bento 26 días. A su vez, resulta llamativo -al igual que en otros períodos- la corta duración de algunos de los viajes, lo cual no se corresponde con un fin de esparcimiento o vacaciones. Por ejemplo: vemos que el 16 de abril del 2014 el matrimonio viajó junto a sus hijos, Luciano y Nahuel, a Miami por 5 días, registrando el ingreso a EEUU el 17 de abril (un día después). Ello indica que, si el viaje les toma un día, habrían viajado durante dos días- ida y vuelta- para permanecer en Miami 3 días, lo cual no coincide con un viaje de esparcimiento”, destacó la fiscalía.

Así las cosas, este jueves continuará la lectura del requerimiento de elevación a juicio con las pruebas relacionadas con a los bienes de la familia. Una vez concluida de esta etapa, podría ser este jueves o el viernes por la mañana, se espera que las partes -defensas y fiscalía- realicen algunos planteos basados en las pruebas que se ventilaron desde el inicio del proceso, el 26 de julio.

Debido a esto, es probable que el miércoles 23 de agosto comiencen a declarar los primeros testigos. También podría hacerlo algunos de los 32 procesados que tiene la megacausa.

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