La ex presidenta y vicepresidenta electa de la Nación deberá declarar ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral y público por las presentas irregularidades en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez durante su gobierno.
La ex presidenta y vicepresidenta electa de la Nación, Cristina Kirchner, será indagada el próximo 2 de diciembre por el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral y público por las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez durante su gobierno.
Así lo dispone el cronograma del Tribunal Oral, que programó para el próximo lunes las indagatorias del ex funcionario de Vialidad José Raúl Santibáñez y la de Báez, y para el próximo 2 de diciembre la de Cristina Kirchner.
La defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, le adelantó al Tribunal Oral que Cristina Kirchner tiene previsto declarar ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La ex presidenta regresó este sábado de Cuba, donde estuvo desde principio de mes visitando a su hija Florencia, quien está bajo tratamiento médico en ese país.
En el juicio en cuestión se juzgan las presuntas irregularidades en la concesiٖón de las 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. El caso tiene 13 acusados y el juicio oral se inició en mayo pasado. Es el primer juicio que enfrenta la ex mandataria. También está elevada a juicio oral por los casos de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, dólar futuro, Hotesur-Los Sauces y los cuadernos de la corrupción.
En este juicio también están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.
Según la imputación, las empresas de Báez recibieron contratos amañados cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. Hubo un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron tuvieron ampliaciones de plazos y costos.
Para la Fiscalía todo eso fue posible porque desde el Gobierno se instrumentaron distintos mecanismos legales -como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad- para beneficiar a Báez.