“En los últimos meses, ha surgido una imagen cada vez más espantosa de la medida en que las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron ilegalmente la fuerza letal para aplastar las protestas nacionales del año pasado”, denunció el director de Investigación y Defensa para Medio Oriente y África del Norte de AI, Philip Luther.
El “devastador” informe difundido hoy que elaboró la ONG concluyó que al menos 23 niños han muerto “a causa del uso de fuego real empleado por las fuerzas del orden iraníes durante las protestas contra personal y manifestantes desarmados”.
“Debe haber investigaciones independientes e imparciales sobre estos asesinatos, y los sospechosos de ordenarlos y llevarlos a cabo procesados en juicios justos”, exigió Luther en la investigación, titulada, ‘Dispararon a nuestros hijos: asesinatos de menores en noviembre de 2019 en Irán’.
Para llevar a cabo esta investigación, AI explicó que reunió pruebas gráficas y certificados de defunción, así como los relatos de testigos y los informes y reportajes elaborados por otros organismos de Derechos Humanos y periodistas.
La ONG situó las muertes de los menores en trece ciudades de seis provincias de todo el país -Esfahan, Fars, Kermanshah, Khuzestan, Kurdistán y Teherán-, “lo que ha mostrado la naturaleza sangrienta de la represión”.
“El hecho de que la gran mayoría de las muertes de niños ocurrieron en sólo dos días es una prueba más de que las fuerzas de seguridad iraníes realizaron una ola de asesinatos para sofocar la disidencia”, insistió Luther, quien a su vez denunció que Irán “se ha negado a abrir investigaciones independientes”, por lo que ha pedido la presencia y la participación de Naciones Unidas en el caso.
A su vez, refirió que “las familias han contado que tuvieron que enterrar rápidamente a sus seres queridos y ante la presencia de funcionarios de Seguridad e Inteligencia, que se encargaron de que no acudiesen a una autopsia independiente”.
Informó que más de 300 manifestantes murieron durante las protestas que comenzaron el 15 de noviembre del año pasado tras el anuncio del aumento de los precios del combustible, así como de otros productos básicos como el pan y el arroz, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos por abandonar el acuerdo nuclear.
Se trató de una de las mayores movilizaciones contra el gobierno de la República islámica desde que las autoridades reprimieron las manifestaciones durante la llamada Revolución Verde en 2009.