Un grupo de alumnos de la sede de Villa Unión de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) denunció que cursaron y rindieron exámenes durante más de año para la segunda parte de la carrera de Licenciatura en Enfermería, que no estaba autorizada para ser dictada en esa sede, por lo que literalmente desperdiciaron tiempo, esfuerzo y dinero.
“Ya hicimos la denuncia y hoy la presento en el Juzgado Federal con 300 copias que demuestran la responsabilidad absoluta de los funcionarios. Está todo documentado, es insólito lo que ocurrió”, contó a EL FEDERAL ONLINE el abogado José Luis Montaperto, que representa a seis de los alumnos afectados.
La carrera de Enfermería en la UNLaR tiene dos tramos. El primero está compuesto por tres años, luego del cual se puede acceder al título intermedio de “Enfermero universitario”. Esa primera parte está autorizada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para ser ditada en la sede de Villa Unión. Sin embargo, para acceder a la licenciatura los estudiantes deben completar los últimos dos años en la sede de la capital provincial o en Chamical.
Según la presentación a la que accedió este medio y a los dichos de Montaperto, los denunciantes son todos alumnos que realizaron el primer tramo en Villa Unión y a quienes a principios de 2017, el decano de la sede, Silvio Santillán, les informó que podían completar la licenciatura allí, por lo que se inscribieron. En total, serían 38 los alumnos los perjudicados. De acuerdo a la denuncia, los seis alumnos cursaron a lo largo de 2017 cinco materias y rindieron exámenes parciales y finales hasta marzo de 2018.
Entre los documentos presentados para acreditarlo hay libretas universitarias, actas de exámenes y planillas de asistencia de docentes, así como también un informe de fin de año firmado por el decano sobre los resultados de la cursada.
El abogado Montaperto advirtió en su presentación que los alumnos llegaron a inscribirse para cursar en 2018 el quinto año, pero que de forma repentina “se les dio de la baja automática a sus matrículas universitarias de la carrera en la sede de Villa Unión, sin preguntarles ni informales nada, y se presentaron sus legajos en la Oficina de Alumnos de la sede de capital, solicitándose el cambio de unidad académica a la misma, y fue recién allí, donde mis poderdantes tomaron conocimiento, de que había un problema con la carrera”.
Sin embargo, el escrito aportado a EL FEDERAL ONLINE detalla que ya en noviembre de 2017 se había realizado una reunión de la que participaron varias autoridades de la UNLaR, en la que se informó que “el proceso de acreditación de la Carrera de Licenciatura en enfermería se encuentra informada ante la CONEAU y que solo las sedes capital y Chamical forman parte del mencionado proceso”. “De forma concreta y acreditada, ya en dicha época sabían esta circunstancia otros funcionarios públicos de la universidad (no tan sólo los de la sede de Villa Unión, sino los de la UNLaR), y a pesar de ello, no se hizo nada, manteniendo el engaño”, destacó Montaperto en el escrito.
El abogado aseguró que ante ese escenario, el 11 de abril de 2018 hubo una reunión entre el rector de la UNLAR, Fabián Calderón, la decana de Ciencias de Salud, Silvina Shap, y alumnos afectados, con el objetivo de tratar el tema. Allí se les informó a los estudiantes que podrían cursar el quinto año en la capital, es decir, a más de 270 kilómetros de donde se habían inscripto, pero finalmente esto no sucedió y no se les permitió continuar en la sede central. Habían sido engañados. La presentación apunta contra seis funcionarios, pero también pide que se investigue la posible responsabilidad del rector Calderón y el vicerrector José Gaspanello “porque deberían haber estado al tanto de lo sucedido”.
Las otras autoridades mencionadas expresamente en la denuncia son el decano, el secretario académico y el secretario estudiantil de la sede de Villa Unión, Silvio Santillán, José Nicolás Muñoz y José Luis Brizuela, respectivamente; la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Silvina Shap, el director de Informática y Sistemas Académicos, Daniel de la Vega, y el Secretario Académico, Marcelo Martínez, recientemente acusado por desvío de fondos de la UNLAR.
En concreto, Montaperto pidió que sean investigados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, de abuso genérico de autoridad, omisión de deberes del oficio; falsificación de instrumento público, incumplimiento de su obligación de denunciar ilícito de instancia publica y encubrimiento”.
