La Cámara de Apelaciones confirmó este martes el procesamiento de Nahuel Bento por estar sospechado del delito de lavado de activos de origen ilícito.
El hijo del cuestionado titular del juzgado Federal N°1 de la provincia, quien es investigado con su hermano Luciano por la citada calificación, quedó comprometido luego de que el juez de primera instancia Eduardo Puigdéngolas dictara esa medida y le trabara un embargo de 75 millones de pesos a fines de junio.
En medio de este contexto, trascendió en las últimas horas que el juez Walter Bento, quien contabiliza 15 procesamientos por cohecho al estar sospechado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficiar la situación de algunos detenidos federales, solicitó por segunda vez que la instrucción potenciada por el fiscal General Dante Vega concluya y sea elevada a juicio para ejercer sus derecho de defensa ante un tribunal. La primera fue en febrero y la última el 1 de este mes.
La situación de Luciano en la causa también presentará novedades este miércoles: de acuerdo con fuentes judiciales, volverán a realizarle una serie de peritajes para establecer si está en condiciones de acceder a la indagatoria. La misma se encuentra suspendida desde hace meses porque estudios psiquiátricos revelaron que estaba depresivo a causa de la investigación que tiene a su familia como protagonista.
Los hijos del magistrado buscaron esquivar este paso importante para la causa presentando certificados de relacionados con su salud mental.
En un principio, luego de informes del Cuerpo Médico Forense, profesionales que los atendieron recomendaron que Nahuel participe de la audiencia de forma remota y aclararon que Luciano no estaba en condiciones de afrontar el proceso por trastornos relacionados con el estrés.
Finalmente, Nahuel fue procesado por Puigdéngolas por estar sospechado “de haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita, al adquirir bienes muebles e inmuebles registrables, como así también realizar inversiones en fideicomisos inmobiliarios y numerosos viajes al exterior, dando apariencia de legalidad al producido de las maniobras ilícitas investigadas en las presentes actuaciones, mediante su incorporación al sistema económico formal”, como sostiene la investigación.
Si bien cuestionó la resolución del juez de primera instancia a principios de julio, el tribunal de alzada se expidió en las últimas horas y rechazó cualquier intención de la defensa de dar vuelta el fallo.
Desde el año pasado, tanto Nahuel como Luciano, de 30 y 27 años, respectivamente, presentaron sendos certificados y accedieron a licencias psiquiátricas. El más grande trabaja en los Tribunales Federales y el más chico es estudiante.
De acuerdo con las fuentes judiciales, mientras la situación del juez atraviesa momentos culminantes en el Consejo de la Magistratura, en la Justicia Federal la investigación penal por los presuntos hechos de corrupción que también tiene a abogados y acusados de cometer delitos que habrían pagado los sobornos para morigerar su situación procesal estaría pronta a culminar porque son pocas las pruebas que resta producir.
Referido a esto, el reciente escrito presentado por la defensa de Bento, a cargo de Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, argumenta los motivos del pedido: “Teniendo en cuenta que, a nuestro juicio, resulta inexplicable e injustificable el tiempo que ha insumido la tramitación del expediente y la forma en que se ha llevado a cabo la encuesta; el plazo que otorgó la Cámara hace tiempo para concluir la causa; que a esta altura del proceso los autos de procesamiento dictados en relación a muchos hechos se encuentran firmes y que sobre ellos no existen medidas de prueba de entidad pendientes de producción, concurrimos a fin de solicitar que se concluya la instrucción de esos hechos y que, en consecuencia, se eleve esa parte de la causa a juicio“.
Y agrega: “De manera que no solicitamos ni insistimos sobre algo disparatado, complicado o ilegal, simplemente que se les permita al Dr. Bento y a los restantes imputados ejercer su legítimo derecho de ser sometidos a un juicio oral y público. Tienen derechos y deben respetarse. El Dr. Bento pretende defenderse ante un tribunal justo e imparcial, sentarse en la sala de un Tribunal Oral, confrontar la prueba, enfrentarse a la acusación y demostrar su inocencia y cesar con la situación de incertidumbre y dolor que genera un proceso penal”.
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