Omar De Marchi, diputado nacional y referente del PRO, dijo que no fueron consultados por el radicalismo a la hora de diseñar el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia que presentó el gobernador Rodolfo Suarez en la Legislatura, donde este martes comenzará a ser tratado en comisiones.
El Gobierno quiere el aval para realizar modificaciones en el sistema judicial, concretamente, en el funcionamiento del máximo tribunal. Para ello, la semana pasada, el mandatario envió una iniciativa a la Casa de las Leyes.
En el PRO, aliado de Cambia Mendoza, molestó que no haya habido comunicación previa ni que no los hayan consultado antes de presentar el proyecto. “Recién tomamos conocimiento cuando el proyecto ingresó a la Legislatura, no antes, y creemos que el tema es lo suficientemente importante para que la decisión tenga amplio consenso”, afirmó De Marchi, en una nueva evidencia de las diferencias dentro del oficialismo.
Este espacio se encuentra analizando con especialistas la letra chica de la reforma, que ya recibió críticas del peronismo y de ex jueces, para definir la postura del partido en los próximos días.
“Estamos consultando a sectores académicos y a quienes ejercen la profesión porque nos interesa que un cambio que implica modificar el proceso de toma de decisión de la Corte no sea producto de un impulso circunstancial, sino que sea lo que mejor convenga a la Provincia”, señaló el legislador nacional.
“Si hay cambios, que sean para bien, sacándole especulación política. No podemos hacer lo que criticamos que se hace a nivel nacional”, dijo en referencia al proyecto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ampliar la Corte Suprema de 5 a 25 miembros.
Uno de los cambios más significativos que propuso el Gobierno es terminar con lo que se conoce como el “fórum shopping”, a través del sorteo de las causas, ya que actualmente los abogados pueden elegir en qué sala presentar las demandas según la ideología política de los jueces.
“Tenemos que ser sobrios en impulsar una modificación que toque el proceso de funcionamiento de causas que llegan a la Corte. Debemos ser muy prudentes, para no caer en lo que tanto criticamos al kirchnerismo”, añadió el ex intendente de Luján de Cuyo.
El senador Pablo Priore (PRO), al ser consultado por la iniciativa, opinó que existe la necesidad de modificar el funcionamiento de la Corte: “El plenario no es el problema, el problema es cuando hay zigzagueo en fallos que marcan jurisprudencia. Respecto a la especialidad de los jueces no es un impedimento”.
En caso de que el oficialismo no tenga el apoyo del PRO ni de la oposición, le alcanzan sus bancas para aprobar el proyecto, debido a la mayoría con la que cuenta Cambia Mendoza en ambas cámaras.
En Diputados, llegaría a 25 votos, entre radicales y aliados, mientras que el FdT-PJ, el Partido Verde, el Partido Demócrata y el PRO sumarían 23.
En el Senado la mayoría se repite. De las 24 bancas de CM, solo cinco corresponden al PRO, por lo que serían 19 votos. El peronismo, única fuerza opositora, cuenta con 14 legisladores.
Comienza el debate
El martes, a las 10.30, se reunirá la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, que preside Jorge Difonso (Bloque Frente Renovador – Unión Popular), aliado al oficialismo pero que en diversas oportunidades ha marcado sus diferencias.
En ese encuentro se tratarán las notas de solicitudes de invitados para debatir la iniciativa y se fijará un cronograma para las exposiciones, las que se estiman que serán numerosas.
El Frente de Todos-PJ, que ya manifestó su postura en contra de algunos puntos de la reforma, pidió que asistan los siete magistrados; los ex ministros de la Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde, y el ex gobernador Arturo Lafalla.
“Se va armar una agenda, que se extenderá lo que sea necesario para escuchar a todos en esta instancia de debate en la comisión”, señaló Difonso, quien agregó que está prevista una reunión de LAC entre ambas cámaras.
Hasta ahora, está confirmada la presencia de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia, quien explicará los alcances de la iniciativa y los detalles de los cambios que quieren hacerse. Esto será el próximo jueves.
Posteriormente, podría asistir a la Casa de las Leyes Víctor Ibañez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, y representantes del Colegio de Abogados y Procuradores.
El proyecto
Suarez presentó la reforma para “otorgarle instrumentos al alto tribunal para que pueda desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de Justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”.
Uno de los objetivos es que las causas se sorteen para terminar con el “fórum shopping”, en lo que todos parecen coincidir. La “especulación” surge a partir de la grieta política que atraviesa a los jueces, y que se profundizó en los últimos tiempos.
Esto se da porque existen fechas para el ingreso de las demandas a las distintas salas y los abogados pueden elegir cuándo hacer las presentaciones: del 1 al 15 de cada mes entran por la Sala I, y del 16 al último día del mes, por Sala II.
La Sala I está integrada por Julio Gómez, Maria Teresa Day y Pedro Llorente. El primero pertenece al ala peronista, mientras que los otros, al sector filo radical. La Sala II, en tanto, está conformada por los vinculados al peronismo, Mario Adaro y Omar Palermo, y José Valerio, del ala oficialista.
Por esto, el gobernador propuso que la Corte se organice y funcione como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación con todos los casos que ingresan. Esto es pasar de lo que hoy está vigente “a flexibilizar esta estructura burocrática y rígida y que las causas sean asignadas por sorteo a los distintos miembros”.
Además, de sancionarse la norma, los controles presupuestarios y de personal quedarán a cargo del titular de la Corte y de los vicepresidentes primero y segundo, que serán votados por sus miembros, como también el presidente del máximo tribunal.
El otro aspecto controvertido es que regula por ley la convocatoria a fallo plenario, mientras que actualmente es una facultad del presidente de la Corte y de los presidentes de las salas.
A su vez, se crean dos secretarías judiciales, una para los “procesos originarios” de la Corte y otra para aquellos de “apelación” o de “revisión extraordinaria”. Al respecto, los detractores de la iniciativa sostienen que esto no hace más que “crear cargos”.
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